miércoles, diciembre 24, 2025
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Oficina Nacional de Defensa Pública

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) es la institución del Estado dominicano responsable de garantizar el derecho fundamental a la defensa técnica y gratuita a toda persona que, por su condición económica, no pueda costear los servicios de un abogado privado. Su misión principal es asegurar la igualdad de armas en el proceso penal, promoviendo el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables de la sociedad.

📌 Función principal

  • Garantizar la defensa técnica y gratuita a personas de escasos recursos, asegurando su representación legal en todas las etapas del proceso penal.
  • Velar por el respeto de los derechos fundamentales de los imputados, incluyendo el debido proceso y la presunción de inocencia, conforme a la Constitución y los tratados internacionales.
  • Promover el acceso a la justicia para la población vulnerable, actuando como contrapeso en el sistema judicial para equilibrar las partes en el litigio penal.

⚙️ Organización

Sede: Santo Domingo
Titular actual: Rodolfo Valentín Santos (Director de la Oficina Nacional de Defensa Pública)
Presupuesto 2025: RD$ 836,669,483.00
Dependencia: Poder Judicial
Historia: Creada por la Ley No. 277-04 para implementar el nuevo Código Procesal Penal.

🌍 Contexto histórico

  • El origen de la Defensa Pública moderna se remonta a la promulgación del Código Procesal Penal (Ley 76-02), que transformó el sistema de justicia penal en el país.
  • La institución fue formalmente creada mediante la Ley No. 277-04, que estableció el Sistema Nacional de Defensa Pública como un órgano autónomo dentro del Poder Judicial.
  • Desde su fundación, ha experimentado un proceso de expansión y consolidación, pasando de ser un servicio incipiente a una red nacional con presencia en todos los distritos judiciales.

🔑 Importancia

  • Es fundamental para la equidad procesal, pues garantiza que la falta de recursos económicos no sea un obstáculo para ejercer el derecho a la defensa en un proceso penal.
  • Actúa como contrapeso esencial al Ministerio Público, asegurando que el sistema de justicia penal mantenga un equilibrio entre la persecución del delito y la protección de los derechos individuales.
  • Representa un pilar de los derechos humanos, al proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y contribuir a la legitimidad y credibilidad del sistema judicial dominicano.
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